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La nueva Ley de contratos del Sector Público.

El Congreso de los Diputados ha aprobado, tras una dilatada tramitación, la Ley 9/2017, de 19 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 201/4/24/UE, de 26 de febrero del 2014.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público presenta desde su inicio problemas de cierta entidad. Unos, por la propia estructura de la ley -heredera de las disposiciones anteriores- y otros porque las medidas que incorpora no proporcionan un adecuado nivel de protección del interés general.

La norma busca dotar de mayor transparencia a la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.

Por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Asimismo, se simplifican los trámites, lo cual supone una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES para reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito.

Se introducen normas más estrictas y se fija que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Las novedades más importantes de esta nueva Ley puede encontrarlas aquí.

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