Top

Normativa aplicable en trabajos con riesgo de atmósferas explosivas: ¿qué obligaciones tienen las empresas?

La normativa española básica aplicable en lo concerniente al control de las atmósferas explosivas corresponde al Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Esta normativa no resulta de aplicación a todo tipo de actividades laborales o trabajos que pudieran estar afectados por la presencia de atmósferas explosivas. Ello tiene que ver con el hecho que dichas actividades dispongan de sus propias reglamentaciones más específicas, y que en estas se traten también esta clase de aspectos. De esta manera, quedarían fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto:

  • Zonas para tratamientos médicos.
  • Utilización de aparatos de gas.
  • Fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos.
  • Industrias extractivas a cielo abierto, subterráneas o por sondeos.
  • Utilización de medios de transporte terrestres, marítimo y aéreo.

Existen aspectos adicionales de gran importancia, relacionados con las atmósferas explosivas, que quedan regulados en normativa de otra índole. Dicha clase de aspectos son los que tienen que ver con los requisitos aplicables a los aparatos que hayan de ser empleados en atmósferas potencialmente explosivas. Se trata del Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real
Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.

La situación, en lo que respecta a la normativa básica de aplicación en materia de atmósferas explosivas, es la siguiente:

¿Cuáles son las obligaciones que el RD 681/2003 impone a los empresarios?